El Gobierno nacional avanzará con las modificaciones a la normativa tributaria, con el fin de poner en práctica el Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos, sin que los tenedores de pesos y de divisas extranjeras sean perseguidos por el fisco. En ese marco, solicitaron a las provincias que acompañen este proceso, con el fin de apuntalar el consumo y las reservas internacionales del Banco Central.

-¿Qué hará el Gobierno para motorizar ese programa?

-“ARCA convocará a cada una de las provincias a firmar un nuevo intercambio de información. Las provincias que no adhieran al nuevo sistema van a perder el acceso a la información de la facturación de personas y empresa. Tampoco podrán estar al tanto de los consumos que generen los nuevos umbrales”, indicó el vocero presidencial Manuel Adorni.

-¿Qué hará Tucumán respecto de ese reclamo de la Casa Rosada?

-En el Ministerio de Economía afirman que serán mínimas las modificaciones que deberán realizar al Código Tributario provincial. Uno de esos cambios está relacionado con el uso de la información del intercambio que se ejecuta entre la Nación y las provincia para la aplicación del pago del impuesto sobre los Ingresos Brutos. No se gravaría los fondos que ingresen por el nuevo régimen a través de un tecnicismo denominado “patrimonio no justificado”.

El uso de los dólares “bajo el colchón”: el Gobierno girará proyecto de ley al Congreso

-¿Hay alguna provincia que ya adhirió oficialmente al programa?

-Catamarca fue el primer distrito en hacerlo, tras una reunión en la Casa Rosada entre el gobernador Raúl Jalil y funcionarios del gabinete. El convenio de intercambio de información es clave para el desarrollo de ese plan porque busca garantizar la implementación plena del nuevo Régimen Simplificado de Ganancias. Ése promete preservar la información de los consumos personales como así también el incremento patrimonial de los ciudadanos, algo fundamental para convencer a los grandes ahorristas de sacar “del colchón” los dólares y destinarlos al consumo y la inversión.

-¿Qué modificaciones se introducirían a la Ley Penal Tributaria y de Procedimiento Fiscal?

-En el Gobierno nacional se propondrá elevar de $ 1.500.000 a $ 100.000.000 el monto a partir del cual la evasión tributaria se considera delito. Asimismo, se reducirán los cinco años de prescripción penal para delitos tributarios. Si bien el jefe de gabinete, Guillermo Francos, manifestó la intención de bajar los plazos a dos años, otros colaboradores del presidente Javier Milei intentarán fijarlo en tres. Se trata del tiempo en que el fisco puede juzgar hacia atrás la evasión.

"Dólares del colchón": Francos dijo que la idea es bajar a dos años el plazo de prescripción

-¿Qué dice la legislación vigente?

-El marco jurídico actual establece que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede exigir el pago de impuestos y aplicar multas junto a clausuras por el transcurso de cinco años en el caso de contribuyentes inscriptos, así como en el caso de contribuyentes no inscriptos que no tengan obligación legal de inscribirse ante ARCA. El plazo llega hasta 10 años para los no inscriptos sin la condición anterior. La Ley Penal Tributaria fija penas de dos a seis años de prisión para personas que evadan el pago de tributos en casos en que el monto sea mayor a $ 1.500.000. La evasión agravada contempla una pena de tres a nueve años cuando se trata de sumas que superan los $ 15.000.000, indica el sitio TN.com.

-¿Se modificará también la Ley Penal Cambiaria?

-En principio, el Gobierno nacional no prevé cambiar la norma que dispone como ilegal la compra de moneda extranjera en el mercado informal. En el Poder Ejecutivo sostienen que es una reforma para 2026 y argumentan que si lo hacen antes puede “perjudicar” la secuencialidad del programa económico. “Puede generar un problema en la liquidación de exportaciones”, agregan los funcionarios nacionales. El Ejecutivo apunta a incentivar la regularización voluntaria de contribuyentes que hayan evitado declarar parte de su capital en los últimos años, pero reconoce que no impulsará la eliminación de datos fiscales. “Es ilegal, no es posible hacerlo”, expresan en el oficialismo.